Bruselas se inhibe sobre el Canfranc y afirma que es un asunto entre dos Estados
La Comisión Europea rechaza la queja presentada por Crefco al entender que Francia no vulnera la libre circulación.

BEATRIZ NAVARRO. Bruselas | La Unión Europea considera que las diferencias entre España y Francia por la reapertura de la línea de ferrocarril entre Canfranc y Oloron son una cuestión bilateral. El ejecutivo comunitario no comparte el argumento de que la negativa francesa a retomar la conexión suponga un obstáculo a la libre circulación de personas y de mercancías en el continente. La Comisión Europea se ha pronunciado en este sentido en la última carta remitida al Defensor del Pueblo Europeo respecto a la queja interpuesta por la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Oloron (Crefco).

El ejecutivo comunitario ha mantenido contactos con Francia en los últimos meses sobre los problemas en la operatividad del túnel y el paso del Somport y la situación de la abandonada línea internacional del Canfranc y el proyecto de reapertura. Su conclusión, tras escuchar a las autoridades galas, es que el asunto no está en sus manos. El argumento de que Francia recibió ayudas europeas para financiar las obras del túnel de Somport no se ha tenido en cuenta, porque Bruselas ha aceptado las explicaciones de París respecto a las obras que restringieron la circulación por el Somport el pasado invierno. Sobre esa polémica actuación, las autoridades francesas aseguraron que las obras no suponían una discriminación para los camiones, que el tráfico se reguló de manera alterna y que el calendario de ejecución era el correcto.

En cuanto a la decisión de reabrir el Canfranc, Bruselas concluye que no corresponde a las instituciones comunitarias sino a Francia y España, según informaron fuentes jurídicas del Defensor del Pueblo Europeo. Con estas explicaciones, Bruselas ha dado por cerrada la queja de Crefco sobre la situación de los pasos fronterizos pirenaicos. Los contactos comunitarios se iniciaron a raíz de la denuncia de la Coordinadora ante el Defensor del Pueblo, cargo que actualmente ostenta el griego Nikiforos Diamandouros.

Esta institución consideró hace un año que no podía tramitar la queja, puesto que su ámbito de actuación se limita al funcionamiento de las instituciones comunitarias, y remitió el asunto a la Comisión Europea, que ya le ha comunicado a Crefco el cierre de la investigación.